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Los niños que callan no otorgan

“Seis de cada diez abusadores son conocidos en distinto grado por los niños y niñas”, según Save the Children.

Durante el 2017, el número de abusos sexuales a menores aumentó en un porcentaje del 15,8% en toda España, siendo un familiar el principal culpable de cometer este tipo de acciones contra la integridad de un menor, según un estudio que realizó la ONG Save the Children a más de 200 sentencias judiciales. Sin embargo, la idea destacable de todo este asunto radica en que más del 80% de los casos de agresión sexual no han sido llevados ante la justicia, por lo que los casos existentes son solo la “punta del iceberg”, según el informe Ojos que no quieren ver de Save the Children.

Según este mismo documento, los abusadores intentan acercarse prioritariamente a los infantes más vulnerables, es decir, “aquellos con poca confianza en sí mismos, que se encuentran en familias disfuncionales que carecen de la figura de un adulto protector y con discapacidad intelectual”.

Estos delitos aparecen definidos en el artículo 178 del título VIII del Código Penal, aludiendo que se trata de un ataque “contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación” y cuya pena de prisión será de uno a cinco años. No obstante, a pesar de haberse presentado alguna denuncia contra el agresor, casi el 70% de estos casos no llegan a alcanzar un juicio oral, pues durante el proceso judicial la víctima es interrogada en cuatro ocasiones: ante la Policía o Guardia Civil, ante el juzgado de instrucción, por el psicólogo forense y, finalmente, en el plenario del juicio. Así pues, desde que se inicia el proceso judicial pueden pasar años, provocando que “el testimonio de la víctima, que en muchas ocasiones es la única prueba, pierda valor”, según Save the Children. Por ello, hay que decir que nos encontramos frente a uno de los problemas de la Administración pública y del sistema preventivo de muchos países, como el español; sin embargo, otro error localizado sería el largo proceso judicial por el que debe pasar la víctima, por lo que lo más adecuado en estos casos sería realizar una entrevista cuanto antes con un psicólogo forense que determina profesionalmente si este niño o niña dice la verdad.

Pero ¿qué sucede cuando el agresor no se trata de un ciudadano común y corriente de a pie? ¿Qué pasa cuando el principal causante del crimen pertenece a una de las instituciones más poderosas del mundo y que, como tal, está ocultada por una persona de gran influencia social?

Pederastia en la Iglesia Católica

La Iglesia Católica ha estado, desde hace mucho tiempo, en el punto de mira por los numerosos casos que han salido a la luz pública relacionados con los abusos a menores sobre todo entre los años sesenta y noventa en muchos países como Estados Unidos de América, Inglaterra, Irlanda e incluso España. Estos aprovechaban los centros de enseñanza, donde los niños y niñas recibían sus clases, siendo curas y sacerdotes los responsables de su educación o, también, se beneficiaban de los campamentos y actividades al aire libre promovidos por la Iglesia, donde acudían un número elevado de menores.

Esto último fue exactamente lo que le ocurrió a Michael Norriss, actual miembro de SNAP, una asociación para combatir estos abusos, pues tal y como nos contaba el estadounidense fue abusado sexualmente por un sacerdote cuando tenía diez años en un campamento de verano. “Había consumido hiedra envenenada, por lo que el director del campamento— el cura— me tentó a ir a su habitáculo para sanarme del todo; me quitó la ropa y me acarició, para después darme sexo oral”, relataba Michael.

Después de aquello, Michael no volvió a ser el mismo, pues las dudas y el miedo empezaron a apoderarse de él. Según nos contaba en la entrevista, obviamente el abuso tuvo consecuencias negativas en su vida, ya que no sabía cómo sobrellevarlo. “No se lo conté a mis padres, porque pensé que no me creerían. Para mí, el sacerdote era una extensión de Dios, por lo que no entendía por qué me hacía aquello”, decía Michael y añadía “esto me causó baja autoestima, poca confianza en mi mismo y dudas acerca de mi sexualidad. Me echaron del instituto, me echaron de casa, así que me uní al servicio militar durante cuatro años”.

En sus declaraciones, Michael explicaba que tardó quince años en revelar estos abusos, pero no fue hasta los treinta y ocho años cuando se aventuró a ir a la Iglesia, a la cual pertenecía el sacerdote que abusó de él, pero los resultados no fueron los esperados, ya que le explicaron que “no tenía nada de lo que preocuparse, que ese sacerdote ya no podía realizar actividades sexuales por la avanzada edad que tenía”. Asimismo, la Iglesia se negó a expulsar al cura, pero poco tiempo después llegó alguien denunciando un abuso similar por parte del mismo sacerdote; fue en ese momento cuando la justicia tomó partido, pues Michael denunció al párroco y desde 2016 se encuentra en prisión.

Aunque los casos de pederastia por parte del clero son una minoría, estos causan un dolor y daño emocional a las víctimas, dando como resultado un rechazo a la sociedad, pues el caso anterior de Michael Norris es un ejemplo claro de lo que pueden provocar años y años de abusos sexuales y cómo, injustamente, son obviados por la justica, ya que como señala Norris “tardaron doce años en culpar al sacerdote de abuso a menores”. Sin embargo, existe una explicación a estas violaciones que el Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa, resume en un “celibato difícil de soportar”.

En su informe llamado Abusos sexuales en el Clero: una mirada al abusado habla del celibato obligatorio como la principal causa de estos abusos a menores. Echeburúa dice que “muchas veces se trata de personas inhibidas que no se atreven a enfrentarse a su propia sexualidad y que optan por servirse de los mas débiles”, en este caso de los niños y niñas. Así pues, según el autor vasco, el riesgo de abusos proviene de un problema de insatisfacción sexual y de un contacto constante con los menores.

Durante todos estos años, la Iglesia ha desencadenado un sinfín de escándalos que han ido apareciendo en los medios de comunicación. Uno de los más famosos sería los abusos que sucedieron en Boston y que fueron reflejados en la película Spotlight. En ella, se puede ver con claridad el método que utilizó la Iglesia desde que empezaron este tipo de escándalos; el cambio de parroquia o la destinación a otra ciudad eran los principales métodos para alejar al sacerdote de la opinión pública, pues la institución pensaba que de ese modo ayudarían al cura y la sociedad olvidaría lo que sucedió. Esto fue descubierto por el ya mencionado equipo de investigación Spotlight, del The Boston Globe, pero no ha sido la única medida que ha tomado la Iglesia para esconder todos estos abusos.

Josep Ratzinger mantuvo vigente durante veinte años una política clerical llamada “Crimen Sollicitationis”, aprobada por Juan XXIII en 1962. Esta norma era un “indicativo de una política de ámbito mundial, de absoluto silencio y control de todos los casos de abusos sexuales realizados por clérigos” como apunta Tom Doyle, antiguo miembro del vaticano y abogado especialista en derecho canónico en Estados Unidos de América. En 2001 se envió a todas las Iglesias documentos que decían explícitamente que cualquier caso de abusos sexuales sería competencia exclusiva del Vaticano. En esta política se puede observar claramente que la real importancia que tiene la Iglesia es proteger sus intereses, obviando los derechos de los menores, pues en ninguno de los documentos se habla de las víctimas y mucho menos de qué manera se les puede ayudar.

Consecuencias Psicológicas del Abuso Sexual Infantil

Como ya se ha mencionado anteriormente, unas de las consecuencias principales son las dudas acerca de tu propia sexualidad y el miedo a ser reconocido como una víctima de estos crímenes. Según un estudio realizado por el Centro de Documentación e Investigación de la Universidad Católica de Paraguay, “el diagnóstico no es nada fácil y como suele pasar desapercibido durante mucho tiempo deja marcas emocionales, que cuanto más antiguas, más difícil son de tratar”.

La autora de dicho estudio, Yahira Rodríguez, señala que estos abusos sexuales traen consecuencias iniciales, pero que también existen los llamados efectos a largo plazo; añade que puede que durante la infancia no se muestren problemas aparentes y que “estos aparezcan como nuevos problemas en la adultez”. El producto de dichas agresiones sexuales produce una gran cantidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta, que se pueden resumir en cinco consecuencias psicológicas: problemas emocionales, de relación, de adaptación social, funcionales y sexuales.

Principales consecuencias

Por lo que hace a los problemas emocionales, la autora señala los problemas de bipolaridad, baja autoestima y trastorno de ansiedad, provocado por un estrés postraumático. Sin embargo, lo más alarmante son los trastornos de personalidad y las conductas autodestructivas, así como la aparición de ideas suicidas.

En segundo lugar, se encuentran los problemas de relación y adaptación social, los cuales son los más costosos de solucionar, pues a medida que pasan los años las víctimas han despertado cierta marginación y aislamiento social, que puede provocar grande problemas a la persona, ya que como seres sociales necesitamos estar en continuo contacto con los demás. Las principales consecuencias psicológicas de no poder relacionarse adecuadamente se encuentran en la dificultad de tener una pareja estable, así como la de criar a tus propios hijos y la de tener cierta hostilidad de cara a una futura adaptación y acercamiento al ámbito social.

Problemas Funcionales y Sexuales

Seguidamente, los problemas funcionales afectan a las funciones físicas de la persona, pues “son diversos los estudios que demuestran la frecuente presencia de trastornos de la conducta alimentaria en víctimas de abuso sexual infantil, especialmente de bulimia nerviosa. También se detectan trastornos de conversión, que incluyen la afectación de alguna de las funciones motoras o sensoriales de la víctima”. Asimismo, la autora cuenta que uno de los principales problemas son las crisis convulsivas no epilépticas, las cuales cambian el comportamiento de una persona, asemejándose a una crisis epiléptica. No obstante, estas crisis no vienen provocadas por una sobrecarga eléctrica en el cerebro, sino por el recuerdo de las vivencias pasadas de los abusos sufridos.

Y, por último, los problemas sexuales pueden resumirse en una insatisfacción sexual por parte de la víctima, una desorientación provocada por los recuerdos de la agresión. Asimismo, también cabe destacar que, a raíz de estas vivencias, el agredido puede despertar una conducta de riesgo sexual que puede acabar por dañar a terceras personas; también, en el caso de las mujeres, este hecho puede provocarle una maternidad temprana y una posible introducción al sector de la prostitución. Sin embargo, uno de los problemas relacionados con la sexualidad es la re-victimización, “la experiencia posterior de violencia física y/o sexual en víctimas de abuso sexual infantil por agresores distintos al causante del abuso en la infancia”.

Como hemos visto, los infantes pueden despertar las consecuencias años más tarde, ocultado durante los siguientes años de vida la ocurrido, pues en estos casos, los sacerdotes manipulaban a los niños y niñas, haciéndoles creer que mantener todo aquello en silencio era lo correcto. No obstante, a través de los años, han surgido organizaciones a fin de dar voz a aquellos que no han podido. Estas asociaciones defienden los derechos de los menores y de aquellos que han sufrido abusos sexuales en la infancia.

Asociaciones a favor de los derechos del menor

Estas asociaciones manifiestan abiertamente su disconformidad sobre lo que ha ocurrido, y sigue ocurriendo, en el seno de la Iglesia, por lo que tienen un contacto directo con las victimas e intentan favorecer los derechos de aquellos adultos que sufrieron abusos en su infancia o, simplemente, aquellos que lo están padeciendo en estos tiempos. Estas organizaciones tienen como función vital dar testimonio de que el delito de abuso sexual contra la infancia existe, por lo que hay que hacer algo al respecto.

En Argentina, la organización Adultxs por la Infancia se encarga de generar acciones de visibilidad de estos casos, pues se crean grupos de apoyo donde “lo que se dice en el grupo, queda en el grupo. Cada compañero o compañera puede compartir lo que desea con la certeza que será escuchado con empatía y respeto. Ese solo hecho es absolutamente liberador”, señalaba Silvia Piceda, fundadora de esta asociación desde 2012. Para ellos es esencial el continuo contacto con las víctimas, por lo que acompañan a los infantes o a sus adultos protectores cuando deben enfrentarse a algún juicio o ante situaciones que requieran su compañía. En su país, Piceda apunta que poseen la Ley de educación sexual integral, la cual debería de aplicarse en todos los colegios y jardines de infancia de todo el mundo, pues “intenta promover una educación sexual, así como una actitud de responsabilidad frente a esta”.

En Estados Unidos existen otras asociaciones, entre las que destaca SNAP, siglas de “Survivors Network of those Abused by Priests”, cuyo método de asistencia es darle soporte a mujeres y hombres abusados sexualmente por la religión o por las autoridades de esta institución. En su página oficial facilitan a todos aquellos que la soliciten la ayuda necesaria mediante miembros que colaboran, grupos de apoyo intensivo e incluso abogados experimentados en estos casos. SNAP lleva más de veinticinco años actuando y dando voz a aquellos que no se atreven por sí mismos, por lo que supone un gran punto de apoyo para todas las víctimas.

En España, otra asociación que cumple con estos objetivos es ASPASI, la cual ofrece terapias a los más pequeños; sin embargo, en esta asociación prevalece la prevención de estos abusos y es así como han desarrollado diferentes métodos para concienciar a los propios infantes de lo que podría estar sucediéndoles. Así pues, ASPASI publicita cuentos e historias para los más pequeños, como por ejemplo el relato Tu cuerpo es tu tesoro, en el cual se dice lo siguiente: “La osita Aspasi te enseña que tu cuerpo es tuyo, es un tesoro sobre el que tú puedes decidir. Puedes decir NO a besos, abrazos y cosquillas cuando no los quieres recibir. Te enseña cuáles son tus partes íntimas y te explica que ningún adulto puede jugar con ellas”.

Marco Legal

Teniendo en cuenta que entre un 10% y 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abusos sexuales durante su infancia, según Save the Children, la sociedad debería de percatarse de las carencias del marco legal y de la concienciación. La infancia se encuentra totalmente desprotegida y a penas existen leyes que regulen una protección eficaz, pues tan solo cinco Comunidades Autónomas en España gozan de un servicio pública de calidad y gratuito para las víctimas de abusos sexuales, según el informe Ojos que no quieren ver.

Las leyes de protección al menor en estos casos han mejorado conforme el paso del tiempo, pues ahora los miembros del clero se encuentran en una encrucijada si son acusados de haber abusado sexualmente de un menor. Actualmente, el canon 1395 según el Código del Derecho canónico, “el clérigo concubinario […] debe ser castigado con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas hasta la expulsión del estado clerical”. Según Santiago Català, especialista en Derecho Canónico, se puede culminar con la excomunión. No obstante, muchas veces el acusado ya tiene una avanzada edad, por lo que su función dentro del clero ya ha prescrito y no se le puede expulsar directamente.

Actualmente, el Vaticano cuenta con Tribunales específicos en los que se juzgan a aquellos miembros del clero que han ocultado o realizado el delito. Estos Tribunales son paralelos a los ordinarios, es decir, aquel miembro del clero será juzgado con penas jurídicas, pero también con las penas canónicas que dictamina este Tribunal, según indica un informe de la Santa Sede, en cuyo Artículo 121 dice que estos Tribunales “además de ejercer la función de Tribunal Supremo, provee a la recta administración de la justicia en la Iglesia”.

Del mismo modo, el Código Penal del Derecho Canónico, establece en los cánones 1311 y 1312 que “la Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos”; así pues, las sanciones que se emplean, teniendo el cuenta el C.P del Derecho Canónico son “las penas medicinales, las cuales buscan el bien espiritual del culpable, o las penas expiatorias, que establecen justicia e intentan reparar lo sucedido”. De este modo, se puede observar que el Vaticano ha optado por una implicación entre ambas justicias, la suya propia y la justicia ordinaria, para las investigaciones en las diócesis de todo mundo, para así finalizar con estos abusos desde dentro de la propia Iglesia.

Asimismo, tras años de escándalos por abusos sexuales por parte del clero, en 2014 el actual papa Francisco elaboró un manuscrito para la establecer permanentemente una Institución de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores cuyo fin, según señalaba el propio papa, era el de “promover la protección de la dignidad de los menores y los adultos vulnerables, a través de formas y modalidades, conformes a la naturaleza de la Iglesia, que se consideren más oportunas, además de cooperar con ese fin con quienes individualmente o en forma organizada persiguen el mismo objetivo”.

Tres años después, en octubre de este año, la Iglesia española creó una ‘Comisión para luchar contra la pederastia’, creando una normativa canónica y jurídica para prevenir estos casos y revisarlos, si sucedieran. Esta, según apuntan los propios miembros, servirá también para dar apoyo pastoral a las víctimas que antaño se vieron afectadas. Sin embargo, esto ha suscitado varias polémicas entre la sociedad, pues al mando de esta comisión se encuentra el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, quién ocultó abusos a menores en 1989 en León, tal y como señalan las víctimas a través de medios como RTVE.

En el marco legal español, dejando a un lado la justicia episcopal, aparece la Ley 8/2015 para modificar la ya establecida Ley Orgánica 17/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor; esta nueva norma establece un nuevo sistema de acogimiento y de adopción de menores en el caso de que el familiar sea el abusador, así como también una lista con los delincuentes sexuales. Asimismo, establece el derecho al menor a expresar “sus deseos y opiniones para así ser considerados para su bienestar psicológico y emocional”. Se estima que para el 2019 se regule una Ley de Violencia contra la infancia en la que se incluirán los abusos sexuales; este concepto constitucional venía siendo reclamado por las ONG’s desde 2017 al Gobierno del PP, por lo que se espera que próximamente se pongan medidas legales a esta clase de crímenes.

Medios de Comunicación

Así como es importante establecer un marco legal estable para prevenir estos abusos, crear organizaciones sin animo de lucro en contra de estos casos y de establecer cierta complicidad con la Iglesia para acabar de una vez por toda con estos crímenes, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la visibilidad de estos asuntos. The Boston Globe denunció públicamente lo que sucedía en su ciudad y los métodos que utilizaba la Iglesia para evitar ser intervenidos por la justicia, por lo que jugó un papel relevante en la historia de los abusos a menores por parte del clérigo. Sin embargo, ¿desean todos los medios darles voz a estas víctimas?

Según Carlos de la Morena, profesor en la Universidad de Castilla- La Mancha, vivimos en un país a-confesional, pues “somos herederos de una cultura social y religiosa […]. La Iglesia católica tiene mucho poder económico y gran influencia social, incluso tiene sus propios medios de comunicación”. Esto nos lleva a pensar que, para una verdadera libertad de información, un periodista debería abandonar sus convicciones religiosas y exponer con claridad lo que ha estado ocurriendo durante años en conventos y otros lugares religiosos, pues lo que se busca es la verdad, la realidad de lo que pasa.

Soluciones

A pesar de los avances que se han conseguido desde el inicio de siglo y de la visibilidad que se les está dando en países como Estados Unidos de América o Irlanda, todavía queda un largo camino para erradicar completamente el abuso infantil por parte del clero. Por otro lado, desde un punto de vista más generalista, ASPASI, la asociación española de protección a menores ya iniciaba su marcha hacia una prevención del abuso con relatos infantiles o con terapias para niños en los que incorporan juegos, para ayudarles y re-adaptarlos a la sociedad lo antes posible.

Sin embargo, en España todavía queda incluir en nuestro sistema educativo una asignatura sobre la educación sexual, en la que se le enseñé a los niños a controlar y respetar su sexualidad, así como qué actos son vulnerables para ellos. Del mismo modo, se debería incrementar la creación de cursos especializados en estos temas para los padres y madres, para que puedan percatarse a tiempo de lo que le está sucediendo a su hijo o qué hacer para alertar al niño. Y, para finalizar, todavía no tenemos unos profesionales que estén capacitados al cien por cien para estos casos, por lo que también se tendría que exigir una mayor conciencia del sector tanto psicológico como judicial. Se trata de pequeños pasos como sociedad que pueden evitar que un infante tenga experiencias como estas, métodos para defender la niñez de ayer y proteger la infancia de hoy.

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Lorena Company Villora

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